Tras el secuestro de los teléfonos de los exfuncionarios, Pablo Alegre y Gabriel Vespasiano, inicialmente denunciados por las causas de corrupción en el Corralón Municipal, surge la información de la supuesta conexión entre las oficinas de Compras y Obras Públicas. Fue por este motivo, que en la mañana de este lunes fueron allanadas ambas dependencias buscando documentación vinculada a las contrataciones, y también se ordenó el allanamiento del domicilio de los funcionarios Mariana Cámera y Eduardo Juliá, Jefa de Compras y Secretario de Obras Públicas, respectivamente.
“Lo que hace la Policía Federal es transcribir todas las escuchas, ahí habrían encontrado conexión entre la Oficina de Compras y la de Obras Públicas, que nosotros ya lo habíamos planteado porque por ahí pasa todo el control de las contrataciones, es decir, no podía estar ajena a ese conocimiento. Todo está en tareas investigativas, el allanamiento es para buscar pruebas”, aseguró Matías Sassoni quien oficia de abogado patrocinador del concejal y presidente del Bloque de Unión por la Patria, Javier Estévez.
Por otra parte, la causa cambió de carátula y al “Cohecho” se le agregó “Asociación Ilícita”, “es un delito más grave aún porque implicaría que hay tres personas o más armando esto, lo cual se agrava si son funcionarios públicos”, destacó Sassoni.
Dentro de la causa también se encuentra Juan Carlos “Pipo” Gómez, ex secretario de Servicios Públicos, además de Alegre, Vespasiano y los proveedores implicados.
(Información en proceso)
