El Tribunal Oral Federal (TOF) 7, que tiene a su cargo la realización del juicio de la Causa de los Cuadernos de los supuestos sobornos en la obra pública, ordenó ayer liberar al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, por su “delicado cuadro de salud”, informaron fuentes judiciales.
En una decisión alcanzada por mayoría, los jueces del TOF 7 dispusieron “el cese de la prisión preventiva del detenido Ricardo Raúl Jaime, una vez vencido el plazo establecido en la resolución dictada el 15 de septiembre de 2022, es decir, a partir del 18 del corriente mes y año”, es decir, desde el próximo sábado.
No obstante, “se dispondrá la inmediata libertad del nombrado desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, una vez constatado que no registre orden restrictiva de su libertad”.
La libertad de Jaime, entonces, quedó sujeta a que se determine que no registre otra orden restrictiva de su libertad: desde su entorno sostienen que a pesar de las condenas en su contra y de las prisiones preventivas que debió cursar, el exsecretario de Transporte, que ocupó el cargo entre 2003 y 2009, está en condiciones de salir del penal de Ezeiza con las condiciones de sujeción fijadas por el TOF 7.
La decisión del tribunal fue alcanzada por mayoría, con la disidencia parcial de uno de los jueces: los magistrados Enrique Méndez Signori y Germán Castelli votaron por dictar el cese de la prisión preventiva y disponer la libertad del imputado con ciertas medidas de sujeción, mientras que el juez Fernando Canero opinó que debía ser enviado a continuar con el encierro en su domicilio.
Detenido desde 2016, Jaime fue condenado por la llamada “Tragedia de Once”, pero ese fallo aún no adquirió firmeza: el año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal le revocó la condena por “estrago culposo” y le confirmó la de administración fraudulenta vinculada a ese hecho, por lo que le redujo la pena de 7 a 6 años de prisión.
El año pasado, además, el exfuncionario había sido condenado a 8 años de prisión en el marco de un juicio en el que se investigó la compra de “trenes chatarra” a España y Portugal y en la que se le endilgó también haberse enriquecido de modo ilícito, pero esa sentencia tampoco fue confirmada aún.
