El escándalo por corrupción con los proveedores del gobierno de Victor Aiola sigue dando que hablar. El 3/10 la Policía Federal allanó la Municipalidad y secuestró computadoras y documentación de la Oficina de Compras, así como los domicilios de la jefa del área, Mariana Camera y del secretario de Obras Públicas, Eduardo Juliá. Esto se produce en el marco de la causa que investiga a los exfuncionarios Pablo Alegre y Gabriel Vespasiano, por corrupción. También se cambió la carátula “cohecho” a “asociación ilícita”, debido a la cantidad de involucrados en la estafa de las contrataciones. La Fiscalía pidió la detención preventiva para los 6 imputados del caso. Vale recordar que los involucrados facturaron servicios con proveedores truchos que nunca se prestaban por $2.7 millones, el dinero luego volvía como retorno a través de transferencias bancarias a los propios funcionarios.
El cambio de carátula a asociación ilícita implica que estaban organizados. Los anteriores episodios de corrupción en la gestión dejan ver que la corrupción era más la regla y que la excepción. El allanamiento a más funcionarios de alto rango implica que se va cerrando el cerco sobre la cabeza de la asociación. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué no se investiga realmente si hubo un robo para la corona?, ¿puede Aiola desconocer lo que sucedía bajo su gestión?. La comisión especial de macristas y peronistas creada para investigar, fue solo circo para ganar tiempo. La demora de meses de la justicia en allanar implica que no están yendo a fondo en la investigación. Mientras los barrios de nuestra ciudad padecen la falta de servicios públicos, iluminación, empedrado, cunetas, recolección, los funcionarios a cargo son investigados por robo.
La verdad no vendrá de los alfiles de Aiola, ni de la oposición peronista (que ha tenido casos similares cuando gobernó el municipio, que tiene a los Insaurralde y los Chocolate en sus filas). Poco podemos esperar de la justicia que actúa para el poder de turno. Planteamos ir a fondo en la investigación conformando una comisión de vecinos electos con total acceso a la documentación y a los libros contables del municipio. Que se investigue a Aiola y todas las contrataciones. Que caigan quien tiene que caer. Para no repetir nunca más estos hechos planteamos un plan integral de servicios públicos a cargo de comisiones por barrio y delegados electos por los mismos vecinos que controlen la planificación de las obras, su ejecución, así como los presupuestos y oferentes. Un verdadero control popular.
Partido Obrero Chacabuco Frente de Izquierda UNIDAD
