Durante la primavera del año 2022 y cuando la mesa chica del gabinete municipal descontaba que Víctor Aiola iría por un tercer mandato, la Secretaría de Hacienda, en ese momento a cargo del Contador Esteban Güida, guardaba celosamente un instrumento financiero del Banco Provincia por unos 600 millones de pesos. Ese ahorro, como las distintas opciones que ofertan las entidades financieras, siguen de cerca, en más o menos, las variables inflacionarias en las que quedó atrapado el país luego del brutal endeudamiento tomado por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Pero además, la apelación a los problemas de la inflación como causa de la paralización de las obras es una verdad a medias o casi una mentira. Primero, porque los casi 600 millones ahorrados devengaban un interés mensual parecido a la inflación, con lo cual de no haberse malgastados o mal invertidos hoy serían la solución para no paralizar las obras. Segundo, porque la inflación, ese flagelo para el bolsillo de los trabajadores, en el caso del estado suele ser una herramienta para mejorar las cuentas públicas. Vale recordar, que uno de los principales componentes de la coparticipación provincial es la recaudación de ingresos brutos. En tiempos de inflación, pero con niveles aceptables de actividad económica, los recursos crecen y los egresos del estado se reducen o licuan. Esto es asi, porque los casi 2.000 empleados municipales siempre corren detrás de los ajustes inflacionarios y los proveedores, por lo general, cobran, con suerte, en promedio a 90 días.
El despilfarro y la falta de planificación
Más allá de la discusión técnica, que puede dividir a la biblioteca en varias partes, es necesario poner en contexto algunas decisiones de gobierno tomadas en el último tiempo, que sin dudas han sido determinantes para llegar a esta situación límite similar al año 2019 cuando el mismo gobierno decretó su propia Emergencia Económica y Financiera. Si bien es cierto, como dice el decreto que paraliza las obras, que la inflación proyectada del Presupuesto nacional era del orden del 60 por ciento, todas las voces autorizadas del frente Juntos pronosticaban que estaría por encima de los tres dígitos. Tal vez ahí, debió estar la pericia para decidir si era el momento de gastar decenas de millones de pesos en la contratación del grupo Los Palmeras en la Fiesta Nacional del Maíz; los millones de pesos gastados solo para pintar las bicisendas; la compra de una quinta de 5 hectáreas para un grandilocuente anuncio de un nuevo Parque Industrial, donde hoy solo crece la altura de los pastos; el inicio de la obra del Hospital Materno Infantil, cuando de antemano se sabía que había que hacer frente a la redeterminación de precios y ahora quedará solo un esqueleto paralizado; la remodelación de las primeras cuadras de la avenida Garay, que también quedarán a mitad de camino y donde se acumulan miles de críticas y algún reclamo de daños y perjuicios en puerta, la adquisición de un utilitario con grúa de elevación que hace semanas está estacionado en el frente de la Oficina de Monitoreo sin saber cuál es el destino y quién lo va a conducir, la adquisición de materiales de construcción por unos 30 millones de pesos en las semanas previas a las PASO y que fueron utilizados como herramienta de captación de votos; el reemplazo de luminarias en la Plaza San Martín por lo que se pagó una estrafalaria suma de dinero hace más de un año; y así se podrían enumerar decenas de expedientes a través de los cuales se fueron cientos de los millones que ya no están en el Banco Provincia. Como frutilla del postre, cuando ya era un hecho tangible el índice inflacionario y se supone que aún no se pensaba en paralizar obras, algún/a funcionaria se le ocurrió que eran tiempos de festejos y llegó la contratación de la banda La Konga, por la cual se pagaron mas de 40 millones de pesos anticipados y se piensan recuperar a través de la venta de entradas para el espectáculo que tendrá lugar este sábado 16, aunque durante estas horas se están regalando entradas. El decreto que firmó el Jefe Comunal paraliza las obras públicas por 90 días, exactamente para la fecha en la que finaliza su mandato. Un final a toda orquesta y con banda incluida.
