La violencia de los ‘70
Por Marcelo Chata García.
La historia es una tarea inabarcable, por eso nunca es completa. Quienes nos dedicamos a presentarla a consideración: investigadores, docentes, divulgadores… volvemos una y otra vez sobre ciertos sucesos, repensando nuestras teorías, contrastando nuevas perspectivas y todo tipo de nueva información que aparezca. La violencia política de los ’70 es uno de esos períodos históricos en el que nos sumergimos una y otra vez porque sabemos que su comprensión es condición necesaria para no repetirla.
Un hecho evidente es que la violencia política no comenzó el 24 de marzo de 1976. ¿Fue un año antes con el Operativo Independencia en el NOA que puso en práctica métodos que luego se volverían sistemáticos? ¿Arrancó con la violencia de la Triple A que luego fue absorbida por la dictadura? ¿O con la guerrilla y la aparición del cadáver de Aramburu en Timote? ¿Puede justificarse la dictadura del ’76 por la violencia guerrillera anterior?
La violencia política de los ’70 solo puede comprenderse en una cronología más amplia. Podría buscarse su origen en el Golpe de Estado de 1930, primera interrupción del proceso democrático. También podría considerarse la Semana Trágica de 1919, o la represión en La Patagonia Rebelde, o los asesinatos de La Forestal. Se podría ir incluso mucho más atrás y encontraríamos líneas de continuidad sin dudas. Sin embargo, por los sentidos puestos en juego y por los actores involucrados, la violencia de los ’70 se encarna en una espiral ascendente que va del Golpe de Estado de 1955 al retorno de la democracia de 1983.
Es verdad que hubo violencia antes y después. Por ejemplo, en las primeras presidencias de Perón puede encontrarse el cierre de diarios, o la obligación de hacer luto por la muerte de Eva Perón, o las historias que nos contaron nuestros abuelos no peronistas que tuvieron problemas laborales o sufrieron la violencia de algún puntero de poca monta que acaparaba algo de poder. Sin embargo, nada que pueda compararse a bombardear civiles en Plaza de Mayo, a los fusilamientos de 1956, o proscribir por casi 20 años un partido político. Los problemas de calidad democrática se tendrían que haber resuelto con más democracia.
Irónicamente, al Golpe del ’55 se lo conoce como ‘Revolución Libertadora’, aunque fue más conservadora que revolucionaria, y encerró a la sociedad argentina en una serie de tensiones y contradicciones que ocasionarían un aumento de la violencia cada vez mayor. A partir de allí, los gobiernos democráticos no tendrían legitimidad y estarían condicionados e interrumpidos por la acción militar. Como resultado, y en un contexto internacional y económico que también lo favorecía, los ’70, el retorno de Perón y el regreso a la democracia encuentran a la sociedad dividida en un tablero de tendencias, algunas de las cuales, y no de forma mayoritaria, habían tomado la iniciativa de la lucha armada.
Los familiares de víctimas de la guerrilla, o quienes dicen representarlos, piden justicia, niegan el terrorismo de Estado, y reivindican al Proceso de Reorganización Nacional; a la vez que critican los juicios y las políticas por la memoria. Sin embargo, quienes les han negado justicia a las víctimas de la violencia previa al Golpe fueron los mismos militares. Porque en marzo del ’76 la Junta Militar asume, cierra e interviene los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial; interviene todos los niveles jurisdiccionales: nacional, provincial y municipal; tiene el manejo de todas las fuerzas de seguridad: policía, gendarmería y prefectura; además de todos los recursos de las 3 fuerzas armadas: ejército, marina y aérea. Podían -si hubiera sido su intención- investigar, apresar, juzgar y condenar a quienes cometieron delitos dentro de organizaciones políticas o guerrilleras y dar a conocer ‘toda la verdad’. Pero no es eso lo que hicieron. Llevaron adelante una represión a base de torturas, vejámenes (incluso a embarazadas), asesinatos, desaparición de personas, apropiación de niños, y apropiación de bienes. Represión que no cayó solo sobre integrantes de grupos guerrilleros sino, sobre todo, sobre trabajadores, sindicalistas, referentes y militantes sociales y políticos, estudiantes, etc. No terminaron con la violencia política sino que la acentuaron llevándola a un cambio de escala: la ejecución de un plan represivo que tenía menos que ver con las agrupaciones armadas y más con el cambio en la estructura económica que terminó beneficiando a ciertos grupos empresarios y generando el desmantelamiento de todo un sector de la producción industrial, con efectos hasta nuestros días.
¿Podía en el ’55 o en el ’76 resolverse los problemas de la democracia con más democracia? Los Organismos de Derechos Humanos y Alfonsín, primero, luego los Kirchner demostraron que sí, pues enfrentaron con prácticas democráticas el terrorismo de Estado de la dictadura del ’76, haciendo frente a sectores con poder de fuego en las fuerzas armadas y de seguridad y en los grupos de inteligencia. (Eso gracias a un consenso en la sociedad argentina de condenarlos como crímenes a los Derechos Humanos, consenso que peligrosamente quiere quebrar.) Soportaron levantamientos militares, asesinatos y desapariciones, como la de Jorge Julio López. Con marchas y contramarchas, siempre optaron por la justicia, de modo tal que los militares acusados contaron con todas las garantías legales en sus juicios y en sus condenas. Gracias a eso cerraron el ciclo de violencia iniciado en el ’55, que algunos parecen querer reabrir.
¿Fueron 30.000 los desaparecidos? Ciertamente, no hubo un conteo que se detuvo en un número redondo. La presunción de 30.000 desaparecidos es lo que ha permitido y permite seguir investigando y desenterrando casos que el miedo y la censura han mantenido ocultos. Quizás algunos más, quizás algunos menos. Echar en cara al número de ‘casos confirmados’, cuando muchos registros fueron destruidos por los propios militares, quienes además se niegan a dar información, y sigue siendo difícil acceder a todos los documentos, no es ser crítico, es ser inmoral. Desconocer la cifra de los 30.000 es una maniobra del negacionismo para cerrar las investigaciones y negar los crímenes de la dictadura.
Desde los estudios históricos siempre se intenta contar toda la verdad. Y así, se mire por donde se mire: son treinta mil, fue terrorismo de Estado y le decimos: Nunca Más.