Desde hace años venimos denunciando la acción de un sector mayoritario del Poder Judicial que lleva adelante una sistemática persecución contra diversos sectores de nuestro movimiento político. Por estas horas asistimos a una nueva embestida que tiene como siempre como principal objetivo a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, en un triángulo perfecto que completan dirigentes políticos opositores y medios de comunicación hegemónicos.
En esta nueva metodología que en el mundo entero se ha dado a conocer como “lawfare”, ya no son los golpes de Estado militares la vía mediante la cual los poderes concentrados conservan sus privilegios, sino que se actúa en nombre de la ley y ajustado a derecho: persecuciones con causas judiciales y medidas cautelares armadas a medida, proscripciones políticas, desgaste mediático, maniobras económicas desestabilizadoras.
De esta persecución son víctimas, al igual que Cristina, muchos compañeros y compañeras del movimiento nacional, como Milagro Sala y Héctor Timmerman, y de la patria grande, como Lula y Dilma en Brasil, Evo Morales y Álvaro García Linera en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay y Rafael Correa en Ecuador.
En nuestro país, esta práctica comandada desde Comodoro Py está avalada por la desprestigiada Corte Suprema de Justicia de la Nación. El cuerpo del máximo tribunal de Justicia actual fue diseñado, como bien señaló el ministro Martín Soria, por el operador del macrismo “Pepín” Rodríguez Simón, hoy prófugo con pedido de captura internacional. Claro ejemplo de ello es la designación por decreto del expresidente Macri de dos miembros que aún conservan su lugar allí: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Resulta necesario ponerle también nombre y apellido a esta persecución.
Para esta causa que hoy ocupa gran parte de la agenda, el fiscal Diego Luciani comenzó a montar un show circense y acusatorio contra la actual vicepresidenta de un muy bajo nivel. De la declaración mediática viralizada de “tener 3 toneladas de pruebas” a tener como único argumento en sus alegatos su “sentido común”. Luciani pidió diez días jornadas para hablar en la causa, un pedido que buscó el impacto mediático que no tardó en replicarse.
Para tomar magnitud de lo payasesco del caso, cabe destacar lo que mencionara el Dr. Dalbón días atrás: En el histórico Juicio a las Juntas de 1985 se presentaron 709 casos, con más de 800 testigos. Los alegatos duraron 7 días. Diez días para hablar desde el “sentido común” pareciera un exceso innecesario. Cabe recordar también que la apelación a esta causa recayó, como no podía ser de otra manera, en la Sala I de la Cámara Federal integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Casualmente, el 100% de esa composición fue designada por Mauricio Macri, siendo Bruglia y Bertuzzi además asignados en funciones a dedo sin haberse puesto a
consideración del Senado de la Nación, en un insólito acto antidemocrático.
Cada paso adelante de la corporación judicial es un paso atrás de la democracia y el pueblo argentino y sus libertades. Cristina es la víctima que pone la cara en una persecución que además de ensañarse personalmente con ella, encarna detrás una pelea muchísimo mayor: impedir que avancen políticas que garanticen una mayor igualdad y redistribución para las mayorías, en detrimento de los privilegios y ganancias de los vivos de siempre. Por este motivo es indispensable, hoy más que nunca, una profunda reforma del Poder Judicial que permita una democratización y garantías de justicia verdadera y no de decisiones arbitrarias a medida del poder. Debemos ir hacia una justicia creíble con un aumento del número de juzgados federales, una ampliación de miembros en la Corte Suprema y un ingreso democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal.
Hoy levantamos la bandera de Todos con Cristina, porque estar con Cristina es estar con la democracia y los intereses del pueblo argentino.
La Corriente de la Militancia Chacabuco
