Fernando Cabaleiro empezó su recorrido como abogado ambientalista en el 2006. Había vivido su adolescencia en la localidad de Alberti. Durante una visita a su madre, que vivía en un barrio en el margen del pueblo, se encontró con un escenario que ya venía reproduciéndose: estaban fumigando prácticamente al lado de las casas. Mientras seguía el vuelo rasante la avioneta, su mamá le comentaba que cada vez que aplicaban tenía picazón, y no toleraba el olor tan fuerte. Pero a la vez, los vecinos habían naturalizado el hecho de que les sobrevolara el químico sobre sus cabezas.
Después de investigar sobre las implicancias y el impacto en la salud de los agrotóxicos, interpuso un amparo y logró que frenaran las fumigaciones aéreas, y un par de años después, una sentencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, puso punto final a las terrestres. Se abordó por primera vez este conflicto y dio pautas y definiciones importantes en cuanto a la necesidad de aplicar el principio precautorio con las fumigaciones.
“El acceso a la Justicia es limitado”
Después de haber acompañado decenas de reclamos jurídicos contra el modelo extractivista, y principalmente contra el modelo del agronegocio, Cabaleiro opina que el acceso a la Justicia de parte de comunidades y de la población en general “es limitado”. Primero, porque no existe un fuero especializado en materia ambiental en Argentina. Y por otra parte, porque el modelo del agronegocio opera con la complicidad del poder político, judicial y mediático. Además, considera que es muy difícil la praxis judicial sin la existencia de ese fuero porque implica que los demandantes deben poder acreditar los daños en la salud por su propia cuenta. Al menos hasta el último tiempo.
“No hay un cuerpo de peritos especializados, porque estas problemáticas implican un conocimiento muy específico de las sustancias, la cuestión técnica de lo que sucede cuando se liberan, y qué pasa con los organismos genéticamente modificados”, explica.
Es por esto que las empresas logran las actualizaciones de estos insumos, con el Estado dando el aval: “el agronegocio lamentablemente es política de Estado, los gobiernos nacionales que han pasado por la necesidad de generación de divisas, autorizan agrotóxicos sin una normativa que respete los principios del derecho ambiental, que resguarde el ambiente y la salud de la población”.
Cuánto puede la comunidad organizada
Se ha avanzado mucho, porque el movimiento ambientalista trabaja de forma articulada con profesionales de la salud que se han comprometido, abogados ambientalistas populares, biólogos, bioquímicos, cientistas sociales que han generado información segura.
Hasta hace algún tiempo, la información oficial era la empresaria. “Las corporaciones se manejan en base a un conocimiento mercantilizado, es la información que presentan a los entes regulatorios pero que no está publicada y se desconoce, es reservada, y se sabe que ponen en riesgo a la salud”, indica Cabaleiro. Y esto implica que se silencien los efectos cancerígenos, efectos sobre el neurodesarrollo, malformaciones, problemas respiratorios, y una larga lista de afecciones más.
En estos años han sistematizado la información científica disponible y se reclama no solo las distancias de protección sino que “se avance en una transformación del modelo que implique directamente eliminar del modelo estos insumos externos”. “Hay que desandar un intercambio de saberes, es muy importante lo que cuenta la gente en los territorios, y se ha formado una red material de profesionales y comunidades” asegura. Para Cabaleiro, se trata de “un modelo insostenible e inconstitucional” porque “las actividades productivas deben satisfacer nuestras necesidades pero sin comprometer los bienes ambientales pensando en la perspectiva de las generaciones futuras”.
