Es aquí donde se aprobó el primer trigo transgénico HB-4 a escala global. Lo dispuso mediante una resolución de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, que depende del ministerio de Agricultura.
La Dra. Carla Poth, politóloga, investigadora y docente del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento explicó a este medio hace dos años el funcionamiento de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), que se ocupa de la evaluación y brinda el dictamen final para la aprobación de las semillas transgénicas en el país. “Tenemos un gran problema, porque la comisión tiene al menos once miembros con un interés directo en la liberación de las semillas genéticamente modificadas, porque son cámaras que representan a las empresas semilleras o de agrotóxicos”.
Hasta el año 2013 la CONABIA funcionó sin reglamento interno, “Este nivel de opacidad le permitió avanzar en la aprobación de casi el 90% de las semillas, liberadas por una comisión que no tenía un funcionamiento claro y publicitado”, explica Poth. Así se logró, hasta la fecha, la de aprobación 63 semillas GM en en país, todas asociadas a -al menos- un tipo de agrotóxico.
El nuevo evento no tiene el aval de la cadena triguera, ya que advierten que el mismo podría derivar en la pérdida de mercados para el cereal argentino. Además, las experiencias transgénicas argentinas muestran que no se han reducido los costos de producción, de hecho hay cada vez más pequeños productores endeudados o preocupados por el acceso a los insumos.
Durante el 2021, 1400 investigadores e investigadoras de distintas formaciones y especialidades, pertenecientes a 35 universidades e institutos de investigación de todo el país, hicieron una carta pública advirtiendo los peligros de aprobar el trigo transgénico HB4, pero fueron desoídos.
