Pablo Vaninetti y Lucas D`Alessandri, integran la Asociación de Ingenieros de Chacabuco, y minutos después del debate dialogaron con Cuatro Palabras. “Lo que se necesita para reglamentar esta ordenanza, a nuestro criterio y desde el punto de vista técnico, son algunos artículos que no están claros, tienen ambigüedades, y en algunos casos, no tienen el marco legal de seguridad para el ejercicio del profesional”, explicó Vaninetti. En ese sentido, dijo que “Hay algunos artículos que hablan de distancias de aplicación en las zonas periurbanas mínimas de 300 metros, cuando la ley provincial habla de dos mil metros en lo que se refiere a las aplicaciones aéreas”.
En otro orden de cosas, la ordenanza prevé que los Fiscalizadores podrán ser Ingenieros Agrónomos o egresados del nivel secundario recibidos en la Escuela Agrotécnica. Sobre esto, Vaninetti dijo: “Esta es una incumbencia del ingeniero agrónomo, que para realizar esta actividad necesita estar matriculado para cumplir con la ley vigente. El egresado de un colegio secundario no tiene la incumbencia, y no tiene una matrícula habilitante para realizar este tipo de trabajo, a ese artículo habría que modificarlo”. Sobre las zonas de conflicto en la que los vecinos denuncian ante la Policía Comunal por aplicaciones irregulares, Vaninetti explicó que “la policía tiene que estar capacitada para atender estas situaciones, sobre todo para pedir la documentación necesaria que requiere la actividad: receta agronómica obligatoria, el acta de condiciones técnicas de trabajo y la presencia de un fiscalizador”.
Consultados sobre los efectos de los agroquímicos para la salud, y sobre qué tipo de abordaje se realiza en la ordenanza, D`Alessandri explicó que se trata exclusivamente “de la regulación en la práctica de aplicaciones, que está permitida, son productos aprobados por SENASA, viene a regular que las aplicaciones sean bajo la fiscalización de un ingeniero en territorio para evitar derivas o cualquier inconveniente que surge, y que se utilicen todas las medidas de seguridad para minimizar los riesgos”.
Por otra parte, manifestaron su inquietud ante el hecho de que la ordenanza prevé que en cinco años se debe reconvertir las áreas que están delimitadas como zonas de exclusión, pero “no especifica bajo qué medidas ni tampoco qué incentivos van a generar esa reconversión”. Y en ese sentido señalaron “En parte es responsabilidad del Ejecutivo ver las políticas, incentivos,financiación para que puedan hacerlo”.
Consultado sobre experiencias agroecológicas rentables, que no requieran uso de insumos tóxicos, D`Alessandri consideró que “hay una movida cada vez más grande de agroecología, hay cada vez más colegas trabajando en esa línea”. Y aseguró: “no tengo un ensayo que compare cuál es el potencial que se pierde de rendimiento económico, pero se está trabajando para minimizar los productos químicos, productos más amigables, productos de hace veinte o treinta años se fueron reemplazando por otros de toxicidad mucho más baja, y creo que el camino es ese, hacia la agricultura más sustentable”.
Lo cierto es que en el año 1996 se utilizaban menos de 100 millones de litros por año de agrotóxicos, y hasta el 2018 se utilizaban más de 600 millones de litros que se aplican en el territorio nacional. El ingeniero remarcó que “eso no es tan así, porque, por ejemplo, hay una semilla que se modificó e hizo que se bajara el uso de insecticidas, se usan productos químicos pero son banda verde, que son de menor toxicidad. La línea de trabajo de las empresas es minimizar el impacto, y también se trabaja en productos biológicos, hay muchas que están aportando dinero en investigación para ese tipo de productos”.
