La falta de planificación urbana, de construcción de viviendas o regulación de los alquileres hacen que crezca la informalidad: el mercado de alquileres no tiene hoy ni contratos ni reglas claras, las viviendas no siempre están en condiciones habitables, mientras que los precios son cada vez más altos.
Sandra Aguirre vive con su hija de 14 años en una casa ubicada en los fondos de Andes 367. Las condiciones de precariedad de la vivienda, que alquila por 3.500 pesos por mes, son tales que la casa está pronta a ser demolida. "El cielorraso se está cayendo, el baño se inunda permanentemente y las aberturas no tienen vidrios. No puedo darle a mi hija la vida que se merece, a ella se le murió el padre hace dos años”, dijo Aguirre a este medio. Según explicó, la vecina cuenta con un salario municipal, y con la pensión de 12.000 que “no alcanza para poder hacer ninguna refacción, ni siquiera para poner los vidrios y arreglar el baño".
La problemática se agudiza por la imposibilidad de poder hacer frente a esos arreglos, y a Aguirre le trajo serios problemas de salud: cursó tres neumonías en poco tiempo. “La humedad de la casa me enfermó y tengo miedo de que se enferme mi hija. ¿Están esperando que me muera para ayudarme?", manifestó Aguirre, quien también padeció COVID-19 seguido de una neumonía.
Según comentó, en Desarrollo Social “me dijeron que al ser empleada municipal no califico para recibir ayuda, yo solamente necesito acomodar el baño y colocar los vidrios a las ventanas".