Un fiscal federal pidió protección especial para Sabrina Ortiz
El fiscal federal Matías Di Lello pidió protección especial para Sabrina Ortiz y para su familia, a través del programa nacional de Protección de Testigos. La abogada ambientalista de Pergamino viene sufriendo el hostigamiento desde hace varios años, cuando comenzó a denunciar los efectos de los agrotóxicos en su salud y la de sus hijos. Además de amenazar a sus padres, aflojaron los tornillos de agarre de la rueda de su auto y dejaron macumbas en la puerta de su casa.
No es la primera vez que la abogada ambientalista padece hechos de intimidación de parte de quienes se resisten a cambiar el modelo de producción que envenena, y que llevó a Ortiz y a sus hijos a sufrir las consecuencias en su salud.
Según informó el portal Primera Plana, de esa localidad, los autores del delito de amenaza serían los imputados en la causa de contaminación ambiental por el uso indiscriminado de agrotóxicos, que causó daño genético a su círculo íntimo.
En esa causa penal iniciada por Sabrina Ortiz, el Juzgado Federal Nro 2 de San Nicolás dictó una medida cautelar que prohíbe las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos a menos de 3 kms. y 1095 metros respectivamente desde el límite de toda la planta urbana de Pergamino. Ya durante el 2020, Ortiz había denunciado que su padre, Pedro Ortiz, debió hacer una maniobra de escape para evitar ser embestido por una camioneta blanca que conducía uno de los imputados, y que circulaba por la ruta N 32. En esa ocasión, Ortiz, se salvó. Pero el hostigamiento no frenó.
El último 8 de mayo, se produjo otra situación de la que fue víctima su padre. Mientras circulaba por las calles de Pergamino, fue perseguido por dos automóviles: un Corsa marca Chevrolet color gris, y una camioneta blanca Partner marca Peugeot.
Días después, Ortiz denunció desperfectos en su automóvil que la ponían en peligro: la rueda izquierda no tenía los tornillos de agarre. Además, en la puerta de su casa había encontrado una botella con flores, tierra y cenizas, y denunció también distintas provocaciones que recibían sus padres de parte de los imputados.
Por estos motivos, el Fiscal Federal Di Lello solicitó al Juez Villafuerte Ruzo que se unificaran los procesos registrados y que dispusiera medidas de protección para la querellante y su familia. En ese sentido, solicitó que fueran incluídos en el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, tal como lo establece la normativa sobre Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.