“El mejor acto, desde el punto de vista de la reivindicación de la democracia, era expulsarla”
Diario Cuatro Palabras dialogó con la Directora General de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Sandra Raggio, sobre la decisión tomada ayer por la mayoría del Concejo Deliberante de Chacabuco de aceptar la renuncia de Silvia Gorosito en lugar de realizar su expulsión, como había sido solicitado por las organizaciones de Derechos Humanos y la bancada opositora.
También se refirió a cómo avanza la denuncia penal realizada por parte de la Comisión.
Luego de la sesión ordinaria del día de ayer, Raggio detalló a Diario Cuatro Palabras las razones detrás del pedido de expulsión “nos parece que tenia que ser un ejemplo del Concejo Deliberante, con toda la pluralidad de representaciones, que pudieran definir los límites del discurso público de los funcionarios y representantes del pueblo”. Por eso, consideran que era “el mejor acto, el mejor gesto, desde el punto de vista de la reivindicación de la democracia, demostrar que los cuerpos deliberativos tienen la posibilidad de plantear esos límites”. Pero agregó que, “no obstante, la renuncia da cuenta de lo inadmisible que es lo que ella hizo”.
Respecto al acompañamiento del HCD a la denuncia de la Comisión
Según Raggio, lo acordado ayer por los ediles de acompañar la denuncia, es “significativo para demostrarle a la Justicia la necesidad de las instituciones políticas y sociales de que tiene que haber sanción”. Más allá de lo ejemplificador, explica que está en el Código Penal -apología al delito- lo que realizó la ex concejal y por ello debe ser sancionado. “Para demostrar que las instituciones democráticas existen y que la Justicia también funciona en defensa de esos principios democráticos, de la Constitución y las normas que nos rigen, es que creemos que tiene que tomar cartas en el asunto y plantearle una sanción”, expresó.
Existen antecedentes
Otro punto sobre el cual se explayó la Directora de la Comisión es en el hecho de que existen antecedentes ante este tipo de casos en “un posteo menos grave que el que hizo la concejala”, refiriéndose al realizado en enero del 2021 por el director de la Guardia Urbana de Ramallo, Eduardo Luna, donde también se reivindicaba el terrorismo de Estado. La Justicia lo procesó y acordó una probation donde el funcionario se comprometía a realizar tareas comunitarias, visitar el Espacio para la Memoria -ex ESMA- y realizar un curso en Derechos Humanos.
La denuncia a Luna también fue realizada por la Comisión Provincial por la Memoria junto al Consejo Municipal para el control de la violencia institucional.