Se trata de un proceso que se inició en el 2020, cuando el Estado ordenó la liberación del trigo HB4. Aunque en ese momento la aprobación estaba atada al visto bueno de Brasil -por lo que el Juez no consideró necesaria la ejecución de la medida- hace algunas semanas el Ejecutivo lo autorizó, y la comunidad organizada volvió a la carga.
Se presentó una acción colectiva de amparo de parte de más de cuarenta organizaciones (y cientos de otras que acompañaron) que mostraron cómo se vuelve real la mítica frase “la organización vence al tiempo”.
Con la firma de los abogados ambientalistas Fernando Cabaleiro y Lúcas Landivar, pidieron que se ordene la suspensión en todo el territorio provincial del uso y liberación a cielo abierto del HB4, ya sea para explotación comercial o experimentación de este trigo modificado genéticamente. Los motivos, a grandes rasgos, son que el HB4 no posee la declaración de impacto ambiental prevista en la ley provincial 11.723, y la licencia social, que debe obtenerse en una instancia de participación ciudadana. Además, entienden que con el avance de la producción de este trigo se ven vulnerados los derechos a la alimentación adecuada, a la diversidad biológica, a la salud, a la participación ciudadana y a la soberanía alimentaria, entre otros.
Fernando Cabaleiro es miembro de la ONG Naturaleza de Derechos, y es uno de los autores de la cautelar, y explica que algunos de los motivos que empujaron al magistrado a darle lugar a la cautelar tienen que ver con “que debe considerarse a la semilla genéticamente modificada como especie exótica y por lo tanto, de acuerdo a la Ley provincial, tiene que pasar por un proceso de impacto ambiental”.
Entre otras cosas, exigen que se ponga en marcha la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria, encargada de evaluar los impactos de transgénicos sobre la salud y los recursos naturales que tendría que haberse conformado por ley hace más de 20 años. Por otra parte, las pruebas que produjeron y que aportaron las partes en cuanto a los riesgos de la contaminación genética de este trigo fueron muy importantes para la decisión del Juez. Hubo un dictamen de la Cátedra Soberanía Alimentaria UBA, un dictamen del Ingeniero Agrónomo Fernando Frann, del Dr. Walter Pengue, del Dr. Medardo Ávila Vásquez, y del ingeniero agrónomo Javier Souza, entre otros, que detallaron los riesgos de exposición para otros cultivos, y para la salud de la población.
El juez Salas sostuvo que como se trata del primer proceso de transgénesis de la semilla del trigo, hay riesgo de cruzamiento del material con el trigo no genéticamente modificado “de forma irreversible”. Además, fue la propia Raquel Chan, la científica que lideró el desarrollo, quien dijo que ese escenario “es poco factible, aunque no imposible”.
Por otra parte, las organizaciones solicitaron la conformación de un comité interdisciplinario en la Universidad de La Plata y distintos oficios que se diligenciaron al Ministerio de Salud la ANMAT, y “queda clara la incertidumbre, ya que la respuesta fue que no estaban en condiciones de hacer informes sobre el impacto de los organismos genéticamente modificados, y que no tienen documentación que avale la seguridad de los transgénicos, esa prueba motivó al Juez”, dijo Cabaleiro.
Qué pasa en el resto del país
Tal como fue promocionado, es un trigo que está pensado “para resistir a las sequías”, y eso, en concreto, significa que se busca expandir las fronteras habituales de la producción de trigo. La estrategia -según explica Cabaleiro- “se puede aplicar en el resto del país”. Las OGM son autorizados comercialmente por el Estado Nacional, y las provincias son las que tienen el dominio sobre sus territorios, “y como la siembra surge en territorio, corresponde que de acuerdo a la legislación local, la liberación de las semillas, pasen por un control ambiental"
