Los deportados estaban presos, fueron liberados y trasladados a Estados Unidos. Entre los excarcelados hay algunos políticos destacados como Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Medardo Mairena y Arturo Cruz. Para la justicia nicaragüense son responsables por estar involucrados en «actividades desestabilizadoras». De acuerdo con la sentencia, los individuos en cuestión fueron condenados "por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además, por lesionar los intereses supremos de la nación".
El presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, el magistrado Octavio Rothschuh Andino, señaló que los sentenciados fueron declarados traidores a la patria, por lo que se les prohibió de forma perpetua ejercer la función pública y cargos de elección popular.
Si bien se desconocen los detalles sobre las gestiones que permitieron la llegada de los excarcelados a EE.UU., algunos funcionarios de la Casa Blanca han manifestado “razones humanitarias” para recibir a tan notable troupe. Sobre el punto también se expresó el mandatario nicaragüense, quien aseguró que no hubo ninguna negociación con Washington, ya que se trataba de una cuestión "de principios" para Nicaragua. "Ellos se imaginaban que íbamos a pedir que nos levantaran las sanciones. No, no estamos pidiendo que nos levanten las sanciones, no estamos pidiendo nada a cambio, es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo", aseguró Ortega. "Que se lleven a sus mercenarios", enfatizó. Asimismo, el líder sandinista consideró que los deportados “son víctimas de las políticas imperialistas (…) los utilizan, los financian, los arman».
También dijo lo suyo Rosario Murillo, vicepresidenta del país centroamericano y esposa de Ortega: «En ese espíritu de dignidad nacional, de soberanía, de defensa de la paz, es que nuestro Estado, nuestro Gobierno, nuestro Poder Judicial, ha realizado la expatriación y traslado de personas que fueron sentenciadas por atentados en contra de la soberanía», expresó.
Antes prevenir que curar
Allá por enero de 2019, Juan Guaidó se declaró a sí mismo presidente de Venezuela calificando de ilegítimo el nuevo mandato de seis años asumido por Nicolás Maduro el 10 de ese mes y considerando que -siendo él la siguiente autoridad constitucional del país- tenía la autoridad para ponerse de primer mandatario. Guaidó fue rápidamente reconocido por Estados Unidos, Colombia y Brasil, entre otros países. Pero lo más cómico de semejante squetch lo protagonizó Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, quien emplazó en ocho días a Nicolás Maduro para convocar a "elecciones libres y democráticas". Si no lo hacía, advertía el gran demócrata europeo, España reconocería a Guaidó como presidente de Venezuela. Por supuesto que el gobierno legítimo de Venezuela capeó el temporal, superó todos los intentos golpistas y hoy el “presidente encargado” es un mal recuerdo para el pueblo bolivariano. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿Cuántos Guaidó hay entre los 222 nicaragüenses que viajaron a Estados Unidos recientemente?
Arrebatos democráticos
Claro que esta medida que tomó Nicaragua no es bien vista por los defensores de la “democracia”. ¿De cuál de todas las democracias posibles? -”¡De la única que existe!”, contestará presuroso alguien, sin embargo, conviene recordar que el “gobierno del pueblo” no se concreta de la misma manera en todas las naciones consideradas democráticas. De ahí que conviene revisar las constituciones, pues ellas son las que marcan el rumbo y organizan la vida diaria de los pueblos. En el caso de Nicaragua, su “Carta Magna” establece en su artículo 5 que “el Estado garantiza la existencia del pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento. El pluralismo político asegura la existencia y participación de todas las organizaciones políticas en los asuntos económicos, políticos y sociales del país, sin restricciones ideológicas, excepto aquellas que pretendan el retorno al pasado o propugnen por establecer un sistema político similar”. O sea, disidente sí, golpista y proimperialista, no.
El mismo 9 de febrero, día de la deportación de los 222, la Asamblea Nacional aprobó reformas al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua mediante las cuales se establece que la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán regulados por las leyes y que “los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”. Llueven críticas sobre la medida.
Se entiende que no sea fácil aceptar lo que sucedió en Nicaragua. Estamos envueltos en el manto del republicanismo, de las libertades, y de varios conceptos más, muy elevados, casi inalcanzables, que la socialdemocracia y el liberalismo nos enchufan desde el Jardín de Infantes. Pero antes de juzgar y condenar a la ligera, conviene repasar el proceso histórico que experimentó el pueblo nicaragüense desde el día en que se dispuso a sacarse de encima a la lacra somocista. Entonces entenderemos mejor la frase que va de título en esta nota.
