En la semana que termina, se cumplieron cinco años del Pañuelazo, aquella contestación tan multitudinaria como muy pocas de la historia reciente argentina, al fallo ignominioso de la Corte Suprema que habilitaba el 2X1 para los detenidos por delitos de lesa humanidad.
En la crónica que escribió Werner Pertot al día siguiente, en este diario, se daba cuenta de lo que muchos guardamos en la parte reconfortante de la memoria. De cientos de miles de personas que desbordaron la Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo y todas las calles laterales. De esa respuesta colectiva y apretada que se dio en 2017, pleno macriato envalentonado, a recordarle a la flamante Corte cuyo casting había hecho Fabián Rodríguez Simón, que Nunca más es Nunca más.
La imagen que quedó inscripta en nuestras retinas es la fotografía aérea que muestra el enjambre de pañuelos alzados sobre miles y miles de cabezas: los cuerpos reconvertidos en el símbolo del pedido de justicia más persistente y lacerante que tenemos como comunidad organizada. La de 2017 era una sociedad atravesada por la crueldad del macrismo y sus satélites, como esa Corte Suprema, que con fallos como ése ensayaban los primeros pasos hacia el negacionismo que habilitaba diversas formas de violencia institucional y banalizaba el terrorismo de Estado igualándolo con delitos comunes.
Ese día los insultos recayeron sobre los tres jueces que habían firmado el fallo, que salió por mayoría: Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Enrique Rosatti. La convocatoria había sido de las Madres. Y el símbolo elegido era el pañuelo, que se repartía en diferentes puntos de la plaza. Una empresa textil había donado 30.000.
Al día siguiente la aprobación urgente de una ley detuvo el fallo, y la Corte desistió: hay pretensiones de la derecha que se frenan ante la voluntad aplastante del pueblo, pero no de sectores aislados. La petición popular es respetada cuando surge de la amalgama de distintos sectores. Desde 2017, los dueños de todo han optado por estrategias de atomización de sectores populares y medios que hoy hacen difícil imaginar un consenso tan claro como el del Pañuelazo.
Tienen todas las herramientas para dividir y reinar, porque el proceso de concentración mediática estaba acelerándose, y los grandes medios de comunicación ya habían abandonado a la información para reemplazarla por las operaciones de todo tipo, incluidas las de acción psicológica evidente, hoy ya normalizada. Muchísima gente sabe que Clarín miente y que no es el único que miente, pero esa normalización incluye un cambio dramático en la subjetividad de esas audiencias: saben que lo que leen o escuchan posiblemente sea mentira, pero no les importa la verdad. Lo que necesitan es el combustible para seguir alimentando el odio al que se han hecho adictos. Son infelices que no luchan contra sus enemigos de clase porque han sido amaestrados para odiar al enemigo de su enemigo. Consumen bilis y alienación. Está roto el vínculo racional con la información, porque el relato dominante ha alterado también la expectativa de lo que las audiencias buscan en los medios: no quieren veracidad, quieren veneno.
Esta semana, también en este diario, Raúl Kollmann daba cuenta de la declaración de la sobrina del supremo Carlos Maqueda ante el juez Lijo, en la causa que investiga irregularidades en la obra social del Poder Judicial: hace diecisiete años, los mismos que Maqueda lleva en la Corte, esa mujer, María Guadalupe Burgos, sin ninguna designación ni título habilitante, hace cheques por alrededor de mil millones de pesos mensuales a proveedores de una Obra Social que no funciona. Sin contralor más que el de su tío. Miles de millones de pesos manejados discrecionalmente y al antojo de una Corte que ahora va por el control de toda la caja del Poder Judicial.
¿Rebote? ¿Escándalo? ¿Indignación? No, silencio. Los grandes medios están ocupados en difundir noticias falsas.
Si tomamos la decisión colectiva de volver a tener un Poder Judicial decente, solamente encontrando esa amalgama como la del Pañuelazo podremos tener la fuerza necesaria para salir de este atolladero esperpéntico de la desestabilización judicial. Para que los que se quedan con todo no tengan ningún obstáculo y toda la dirigencia política sea pasible de carpetazos, es necesario deshacerse no de los políticos corruptos, sino de los que tienen las convicciones más fuertes.
No es “una cuestión de palacio”, como algunos ignorantes señalaron. Si esta Corte de 4 permanece en su sitio, se terminaron los reclamos de justicia de todos, los de las mujeres, los de las víctimas de violencia institucional, los de los inquilinos, los de los que tienen juicios laborales, los que reclaman a los bancos o a las empresas de servicios los abusos, en fin, los de los comunes y corrientes. Es tanto lo que perdemos, que ojalá encontremos la forma de volver a ser tantos como hace cinco años, pero para tirarles en la cara, a ellos sí, la Constitución.
Para Página 12.
