Según la Ley de Alquileres vigente, el plazo mínimo para los contratos de alquiler de viviendas es de tres años y el precio del alquiler se fija como valor único, por períodos mensuales y con ajustes anuales, que se efectúan en base al Índice de Precios. Es decir, cada 12 meses los inquilinos deberán afrontar una suba en base a los aumentos salariales y la inflación, siempre sobre el valor original del alquiler.
“No le sirve a ninguna de las partes”
No está claro que, por ahora, esta ley se vaya a derogar. Aunque, explica el martillero Tomás Ortega, “por más que exista una ley, el mercado se maneja a sí mismo, y si se quiere intervenir con leyes privatorias, el mercado mismo sigue manejando los valores”.
Su par, Martín Di Palma, coincide en que el impacto de la ley no fue positivo, “porque junto con los problemas de inflación que tiene la economía, el hecho de haber dejado liberado el índice de actualización a un índice inflacionario, el precio de los alquileres es desmedido”. Además, explica, “ha generado una baja de oferta, porque a los propietarios no les conviene alquilar sus propiedades, entonces por ley de oferta y demanda los alquileres están cada vez más caros. No le sirve a ninguna de las dos partes, para los inquilinos es caro y para los propietarios barato”.
Viviendas impagables, más tiempo en la casa de los padres
Ambos coinciden en que la crisis habitacional existe en Chacabuco y en todo el país. Para Di Palma “tiene que ver con las variables económicas, con la inflación, la imposibilidad de generar créditos hipotecarios, junto con lo bajos que son los salarios que no permiten ahorro. La gente no puede comprarse su vivienda”. Ortega asegura que “en el interior se ve mas claro porque no hay tantos edificios” y “la gente hoy está viviendo en la casa de sus padres durante más años, en casas prestadas y distintos tipos de soluciones que les van buscando”.
“Hoy un alquiler en pesos es casi impagable para una gran parte de la población, pero hoy un monto en dólares equivale - a un dólar a $380- a ciento cincuenta o doscientos dólares. O sea que la persona que tiene inmueble hoy opta por ponerlo a la venta para venderlo entre cuarenta y sesenta mil dólares, por eso hay muchísima cantidad de propiedades a la venta”.
“Lo que está en oportunidad y en precio de valor de mercado hoy se mueve, se vende. Las propiedades en el interior han bajado un 30/40% en dólares porque hay personas que tienen necesidad de vender. En la necesidad de la venta los precios bajan y donde hay oportunidades hay gente que la sabe aprovechar”, dice.
Di Palma agrega el dato de que la mayoría de las operaciones importantes se dan por permuta, pero de contado “muy pocas” y destaca las ventas de loteos con financiación.
Respecto a lo que piden los propietarios en la ciudad, Di Palma es enfático: “Se rompieron los precios, podés ver cualquier cosa”, dice. Desde un monoambiente de 30 mil pesos a un tres ambientes de 70 mil. “Hay mucha gente buscando alquiler y casi nadie alquilando, el que más puede pagar tira el resto de los precios”, asegura. En su inmobiliaria, cuando ingresa una propiedad, se alquila el mismo día.
Para alquilar en la ciudad, entonces, hay que contar con un monto mínimo de 20 mil pesos mensuales y entre cuarenta y cincuenta para “los departamentos más lindos”. Para alquilar una casa, hay que tener entre 50 y 80 mil pesos todos los meses.
Ortega tiene 200 administraciones al día, y si bien no hay problema de retraso en los pagos, “mucha gente se queda sin poder alquilar con contrato de inicio, porque la persona que vuelve a alquilar un dpto puede poner el precio que quiera”.
Cuánto puede hacer el Estado
Existen varias herramientas con las que el Estado cuenta para mitigar esta problemática, aplicadas en distintas ciudades del mundo.En principio, construcción de viviendas, acuerdos con privados, impuesto a la vivienda ociosa, entre otros.
Para Ortega, “Se ha aportado en términos constructivos con el PROCREAR y con créditos, pero hoy no están saliendo mucho. El Estado podría aportar en generar políticas de construcción, de lotear quintas para darlas a mejores precios a las personas trabajadoras, que los paguen sin ningún tipo de indexación demencial como fue el UVA que hoy en día hay muchísima gente que quedó descalzada y que no puede pagar el crédito y tiene que vender la casa que saco con el mismo crédito porque no le da para poder pagarla”.
Para Di Palma, la solución debe ser integral. “Este Gobierno o el que viene, debería normalizar las variables económicas y que la gente, con su salario, pueda pagar un alquiler o tratar de comprarse algo sin quedarse seco. Otras soluciones no se terminan dando. Quien puede dar soluciones reales es el Estado nacional, con sus políticas económicas favorables. La gente quiere comprar o alquilar su casa con su laburo, ese es el desafío para los gobernantes”.
