Un serio planteo jurídico frente al daño ambiental

Las imágenes circularon por los medios de comunicación y redes sociales de cientos de vecinos. Es que fue el propio Municipio quien promocionó como acto de Gobierno, el decomiso de mercadería vencida de un supermercado de la ciudad ubicado sobre la Av. Hipólito Yrigoyen. 

En las fotografías, quedaba expuesto cómo funcionarios del Gobierno arrojaban a un pozo una gran cantidad de mercadería inorgánica. El hecho causó el rechazo de la comunidad de modo transversal, propios y ajenos en seguida marcaron la falta y obligaron a que horas más tarde, el director de Medio Ambiente debiera reconocerlo públicamente. “Fue un error realizar ese procedimiento”, dijo Marcos Pinto al tiempo que ordenó desenterrar las botellas plásticas que contenían aceite, entre otros productos. 

Cuando todo parecía haber quedado atrás, el vecino y abogado Tomás Cieri, presentó ayer un pedido de acceso a la información pública, donde solicita explicaciones tanto del procedimiento propiamente, como de las acciones futuras que realizará el Gobierno frente a este tipo de situaciones. 

“Me molestó que se mostraran imágenes de ese tipo como si se tratara de una buena gestión, somos varios los que estamos cansados de ver cómo los funcionarios hacen caso omiso a las distintas problemáticas de la ciudad, por eso decidí presentar formalmente un pedido de informes”, dijo Cieri en diálogo con Cuatro Palabras. 

Además, comentó que cuando compartió su opinión sobre el tema en las redes sociales, obtuvo varias reacciones y comentarios, que lo impulsaron a tomar está iniciativa: “más de cincuenta personas me escribieron que debería hacer algo, y en parte, lo hice por ese apoyo”. “Creo que es empezar a sumar de distintos lados, es un granito de arena para que la dirigencia política empiece a prestar atención a las cuestiones ambientales”, agregó. 

Cieri es egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde realizó la orientación en Derecho Empresarial y Ambiental, y luego una pasantía en FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) que tiene una consultoría jurídica gratuita. Desde su regreso a la ciudad intenta participar e intervenir en las discusiones ambientales que ocasionalmente toman estado público. Lo hizo cuando se instaló en Cucha-Cucha la planta de tratamiento de acopio de materiales, también cuando se discutió la idea de instalar granjas porcinas en la ciudad, y ahora se suma formalmente con el decomiso de productos vencidos de un comercio. 

 

Una respuesta en treinta días

El joven abogado -a través de su petición- solicita que el Gobierno informe cuáles son las medidas que llevará a cabo para recomponer y revertir los daños que se generarán a partir del decomiso de mercadería que realizó; si fueron identificados los funcionarios que ejecutaron el mismo, y si se realizará alguna capacitación en materia ambiental. 

Por otra parte, también pide que el Gobierno informe si en la actualidad se realiza algún tipo de separación de residuos en las distintas reparticiones y organismos dependientes del Municipio; y si se abrió alguna instancia de participación ciudadana dentro del ámbito municipal para mejorar el tratamiento de residuos.  

Vale resaltar, que lo actuado por el referido profesional, se enmarca en el principio constitucional “de acceso a la información pública”, según lo establecido en el Art. 41 de nuestra Carta Magna, en el Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Ley Nacional de Ambiente, la Ley Integral de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, entre otras. 

En Argentina, para acceder a la información ambiental no es necesario acreditar razones ni interés determinado. El trámite es gratuito, y debe ser respondido en el período de treinta días desde su ingreso.